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Mesa ve complicidad y Guillén dice que se evaluará la defensa

Mesa ve complicidad y Guillén dice que se evaluará la defensa

El Gobierno aseguró ayer que mecanismos internos definirán si hubo una buena o mala defensa de los intereses del Estado en el caso Quiborax, mientras el expresidente Carlos D. Mesa ve complicidad entre la Procuraduría y Quiborax para liberar a un accionista chileno acusado por la Fiscalía boliviana.

“Hay mecanismos internos que verán si fue buena o no la defensa, pero el fallo es inapelable. El fallo ha estado basado en que no se cumplieron las reglas que como Estado nos hemos puesto para hacer una nacionalización”, señaló ayer el ministro de Economía, Mario Guillén, luego de una entrevista con la red de medios estatales.

Sin embargo, dijo que el fallo es definitivo y se basó en el no cumplimiento de reglas que como Estado nos hemos puesto. Acá no se trata de buena o mala defensa”, remarcó.

La empresa chilena Quiborax y su socia boliviana Non Metallic Minerals (NMM) iniciaron ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) un proceso arbitral contra Bolivia por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni durante el gobierno del expresidente Carlos D. Mesa.

De acuerdo con Guillén ese tribunal reconoce el derecho de los países a nacionalizar, pero exige que se cumplan las reglas del propio país, lo cual no se hizo.

El CIADI después de 12 años dispuso en mayo de la presente gestión un pago compensatorio de 57 millones de dólares en favor de las demandantes.

Después de negociar con los representantes jurídicos de ambas compañías, la Procuraduría acordó realizar una transacción final de 42,6 millones de dólares de compensación.

Sin embargo, tras el fallo surgieron varias observaciones a irregularidades durante la defensa realizada por el Estado. Por ejemplo el hecho de que el accionista de la empresa chilena, David Moscoso, presentó un documento falso que dio lugar al inicio del arbitraje y que si la Procuraduría utilizaba a su favor, podría haber anulado el laudo.

El expresidente Mesa también reveló que el gobierno rechazó la propuesta extrajudicial de Quiborax, de resolver la controversia con una compensación de sólo tres millones de dólares.

Revelaciones

Una nota publicada en El Deber da cuenta de un proceso administrativo seguido a Carmiña Llorenti, exsubprocuradora donde se detalla que ella y representantes de Quiborax y Non Metallic negociaron el “retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio Público, así como el proyecto de resolución judicial”. Este aspecto sólo era competencia de un juez.

Mesa en su cuenta de Twitter señaló que esta investigación prueba la complicidad de la Procuraduría con Quiborax “para liberar de proceso por falsificación a accionista chileno de esa empresa”.

La Fiscalía acusó en 2008 al ciudadano chileno Allan Fosk y otras ocho personas más que trabajaban para esa compañía por la falsificación del acta de Quiborax-NMM, documento que permitió al consorcio chileno iniciar un proceso arbitral.

Llorenti en su versión dentro del proceso disciplinario, dice que los documentos eran “confidenciales” y consistían en: “1) retiro de acusación de querellante, 2) retiro de acusación del Ministerio Público y 3) proyecto de sentencia judicial”.

El diputado demócrata Gonzalo Barrientos sostuvo que urge una investigación a fondo porque de por medio hay una serie de irregularidades en la defensa del Estado. “Hubo incompetencia e incapacidad del Estado en el arbitraje que genera un daño económico para el Estado. Primero se podía acordar el pago de tres millones y ahora se pagará 42 millones de dólares, eso debe aclararse y segundo debe indagarse aspectos que no le competían a la exsubprocuradora”, precisó.

Además se debería investigar las responsabilidades en la aprobación de la Ley 1854 de 1998 que redujo el área fiscal del Salar de Uyuni y dio lugar a concesiones. “Ha llegado el momento de conformar una comisión en el Legislativo para investigar estos temas”, remarcó.

Aspectos del laudo

Negociación El informe de 2008 MSC/DLRE/DGDAJ/I-054/2008, dirigido al despacho de Óscar Cámara Amaya, entonces viceministro de Defensa Legal, da cuenta de que hubo al menos cuatro etapas de “acercamientos amistosos” con Quiborax. En 2008 se elaboró un proyecto que señalaba la terminación del arbitraje con un acuerdo de tres millones de dólares.
Pago El documento agrega que esta “negociación quedó suspendida por hallazgos respecto a deudas impositivas con la empresa Non Metallics al Estado Boliviano”.
MAS El diputado Víctor Borda dijo que si el expresidente Mesa tiene observaciones al trabajo de la Procuraduría en el caso, puede presentar una denuncia en Fiscalía.

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