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Nuevo Código amplía posibilidad de procesar a militares por vía ordinaria

Nuevo Código amplía posibilidad de procesar a militares por vía ordinaria

El nuevo Código del Sistema Penal amplía las posibilidades para que un militar sea procesado por la vía ordinaria y no por la justicia militar. Esto, según algunos miembros uniformados, va contra la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), pero además puede generar conflicto de competencias en los procesos futuros.


“La Constitución y la LOFA son claras, el militar debe ser juzgado bajo sus propias leyes, por lo tanto este Código es inconstitucional ya que prácticamente está repitiendo artículos del Código Penal Militar”, explicó un suboficial de la reserva.


Las leyes en el país reconocen la justicia militar como una jurisdicción especial en la que son procesados los miembros de esta institución cuando están en servicio e incurren en delitos tipificados en el Código Penal Militar, el cual data de enero de 1976.


Al ser promulgado durante el gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez, bajo una lógica inquisitiva, este código, que aún está vigente, permite sanciones como la pena de muerte.


Los tribunales militares llevan estos procesos que están dentro de todo un sistema en el que existe la detención preventiva, condenas como privación de libertad, etcétera.


La LOFA (1992) señala en su artículo 18 que las Fuerzas Armadas están sujetas a la Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos militares. Por otro lado, la Carta Magna en su artículo 245 añade que esta institución castrense es “esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares”.


En el actual Código Penal (Ley 1768) se restringía la posibilidad de procesar a militares por la vía ordinaria (excepto en delitos cometidos fuera del servicio). En el primer artículo, referido al ámbito de aplicación, no se los menciona, pero en el nuevo Código de Sistema Penal sí se lo hace.


En el artículo 12 numeral 5 se establece que esta norma es aplicable a las infracciones que sean cometidas por “integrantes de cualquier fuerza militar boliviana”.


En el artículo 82 se contemplan los crímenes de guerra, aspecto que no existe en la Ley 1768.


Y en el artículo 122, que trata sobre “otros actos de traición” a la patria, a diferencia del actual Código, la nueva norma también especifica que serán sancionados con 30 años de cárcel “la servidora o servidor militar” que incurriera en este ilícito. Dicho artículo es bastante similar al 55 del Código Penal Militar, aunque en éste la pena es de muerte.


El Código de Sistema Penal también señala directamente a los militares en su artículo 307, cuando agrava la pena para ellos en cuanto a violación de tratados, treguas, armisticios o salvoconductos.


Un uniformado entendido en derecho explicó que hace algunos años se elaboraron proyectos para reformar las normas de la justicia militar, pero no hubo avances.


Ante el anacronismo del Código Penal Militar y la paulatina “pérdida” de competencias por la aparición de nuevos artículos como los anteriormente señalados una reforma sería necesaria.


Si acaso ocurriera un conflicto y las autoridades no supieran si procesar a un militar con el Código de su institución o el Código ordinario se optará por éste último. Así lo establece esta nueva ley en su artículo 331: “En caso de duda sobre la jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexidad entre la jurisdicción especial y la ordinaria, el conocimiento de las infracciones penales corresponderá a la jurisdicción ordinaria”.


La norma promulgada en diciembre del año pasado ya tuvo modificaciones. La Asamblea Legislativa derogó los artículos 205 y 137 que mantiene a los sectores salud y transporte en alerta.

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