
La Presidenta del Consejo de la Magistratura dijo que una de la formas de luchar contra ese flagelo es exigir transparencia.
Amás de un mes como autoridad del Órgano Judicial, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, asegura que la corrupción en el sistema administrativo judicial es un gran problema a solucionar, no sólo con los cambios en las instituciones judiciales, sino también con la participación ciudadana.
“Nosotros estamos convencidos de que hay que erradicar la corrupción, pero cómo vamos a hacerlo es la pregunta. Es un poquito difícil, pero no imposible. Estos cambios se van a dar, ya está en la Ley 025 (Órgano Judicial) y otras leyes que se van a promulgar. Pero es importante la participación del pueblo para exigir transparencia”, señala.
La consejera, elegida con cerca de medio millón de votos en las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011, afirma que existen algunos hábitos entre los litigantes bolivianos que favorecen a la corrupción.
“A veces nos hacemos vencer en los plazos y a último momento, urgente queremos hacer las cosas y decimos al funcionario que le vamos a reconocer para que agilice el trámite, eso es inducir a la corrupción”, señala la Presidenta del Consejo de la Magistratura, quien anteriormente fue abogada litigante en el distrito de La Paz.
“Nosotros vemos muy fácil al decir que los jueces son culpables de la retardación de justicia, son corruptos, acusamos muy fácil, ¿pero quién también tiene la culpa?”, interroga la autoridad.
Sin duda, que el aspecto de la conciencia es importante para ensayar una posible respuesta. “No hay conciencia, tenemos que recuperar la conciencia y eso implica descolonizar la administración de justicia”, afirma.
Para la autoridad, oriunda del municipio paceño de Guaqui, la descolonización de la justicia implica cambiar la manera de pensar de quienes la administran y de los usuarios del sistema, de manera que se rompa con hábitos mercantiles que han impregnado a la justicia boliviana.
En este sentido, la gratuidad de la administración de la justicia apunta a que el acceso a ésta no esté basado en los recursos económicos de la persona que busca justicia.
Crear conciencia
Para la consejera Cristina Mamani, la lucha contra la corrupción será posible con la generación de una conciencia entre la gente boliviana, que rescate valores como la solidaridad. Sin embargo, reconoce que esta labor es muy difícil en un mundo globalizado, que, a través de los medios de comunicación e Internet, influyen en la propia construcción de la identidad de los bolivianos.
“Es verdad que los medios tienen tantas novelas que tienen que existir políticas nacionales que restrinjan su difusión. Ya en la cumbre de mujeres de La Paz se ha trabajado este tema y está para socializarse esta conclusión”, cuestiona.
TCP no resolvió causas por falta de recursos
El magistrado suplente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Milton Mendoza aseguró en declaraciones a radio La Plata de Sucre que hasta ahora no se han resuelto ninguna de las 8.000 causas acumuladas en el máximo tribunal.
Según Mendoza, no existen todavía las condiciones técnicas y humanas para empezar con la tarea que ha sido encomendada a los nueve magistrados suplentes electos en octubre.
Un ejercicio basado en las proyecciones del Consejo de la Magistratura establece que la carga procesal hasta finales de 2011 fue de más de 470 mil causas. El cálculo deriva del promedio anual de 25% de carga procesal.
Según datos de la ex Corte Suprema de Justicia, sólo en esa entidad judicial, la carga procesal será de unas 7.500. Alrededor de mil en el Tribunal Agrario Nacional y 3 mil en el Tribunal Constitucional.
Los datos son estimaciones resultantes de proyecciones de estadísticas de los tribunales judiciales.
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