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DESAPARECEN datos de activos fijos judiciales

DESAPARECEN datos de activos fijos judiciales

La representación departamental del Consejo de la Magistratura en Cochabamba descubrió que decenas de activos fijos del Órgano Judicial “desaparecieron” en los últimos años y solicitó el inicio de una auditoría para hallar a los responsables y conseguir la reposición del patrimonio.

La información fue proporcionada ayer por el titular de esa institución judicial, Remberto Rivera, quien explicó que la verificación de las irregularidades estuvo a cargo de una comisión que actuó de manera sorpresiva el fin de semana en las oficinas regionales del departamento.

“Hemos constatado que entre todas las cosas, por ejemplo, ya no están cuatro revólveres y presumiblemente fueron declarados en desuso, pero tampoco existe el procedimiento de baja para esa medida”, añadió.

Explicó que lo más llamativo es que no se sabe por qué estaban registradas las armas, por lo que está en investigación si eran pruebas que estaban bajo la cadena de custodia o si se las compró.

Sostuvo que también se constató que entre los bienes “desaparecidos” están varios ventiladores, monitores, teclados, CPU, sillones, parlantes y discos duros, por citar sólo algunos.

Ante ese panorama, Rivera explicó que se solicitó un informe detallado al nuevo responsable de los activos fijos de las oficinas del Órgano Judicial en Cochabamba.

El pedido, añadió, dio un resultado preliminar más preocupante todavía, porque se dio certificaciones de “solvencia” a los ex responsables de los objetos, lo que quiere decir que se fueron sin cargo alguno por los bienes que se perdieron o dañaron bajo su cuidado.

“Tenían, por ejemplo, notas con observación que decían ‘falta la entrega de cierto equipo’ para equis funcionario, pero lo que no se hizo es darle a esa persona una notita para que reponga o informe en dónde están los activos”, añadió.

Rivera manifestó que por las dos irregularidades se solicitó una auditoría adicional, para que se determine si es preciso iniciar procesos administrativos, disciplinarios o penales contra quienes administraban el patrimonio judicial.
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