La Paz, 03 de sep. Amedrentamiento. Esa es la lectura que tienen los activistas de Derechos Humanos que impulsan el juicio contra el ministro Sacha Llorentty y el comandante general de la Policía, Óscar Nina, por las muertes en Caranavi, luego que ayer, por segunda vez, autoridades policiales allanaron su oficina en La Paz, en la búsqueda de supuestos vínculos con el narcotráfico.
El abogado Jorge Quiroz denunció que la mañana de ayer de un rato a otro y en forma extraña ingresaron varios agentes policiales en su casa de la avenida Saavedra, en la zona de Miraflores.
Los agentes indicaron que estaban buscando evidencias de narcotráfico y por eso cargaron con tres computadoras y su disco duro donde tienen almacenada documentación relacionada con la defensa que siguen a las dos víctimas de las muertes en Caranavi durante un desbloqueo policial el 7 y 8 de mayo pasado en esa población paceña donde peleaban por la instalación de una planta de cítricos.
“No estamos dedicados a actividades ilícitas como la tenencia o la comercialización de sustancias controladas y eso lo decimos con suficiente solvencia moral, que esto no ha ocurrido ni en mi pasado ni en el presente y tampoco va a ocurrir en el futuro”, señaló.
Explicó que el perito Guido Rosales Uriona se encargará de revisar el contenido de las dos Laptop (portátiles) y una de mesa HP y además la pericia del contenido de 17 discos compactos”, informó.
El jurista recordó que anteriormente, el 28 de agosto las mismas oficinas fueron allanadas por el fiscal antinarcóticos Víctor Vásquez.
En esa oportunidad tampoco hubo explicación lógica y posteriormente acusaron a Quiroz de tener antecedentes penales en el Perú.
“Yo evidentemente nací en el Perú pero soy boliviano naturalizado que estudié y egresé como abogado de la Universidad Mayor de San Andrés”, dijo a tiempo de recordar que ya lo convocaron a la Dirección Nacional de Migraciones porque también lo acusaron de estar ilegalmente en el país.
Sobre el tema, el coronel Óscar Nina no contestó ayer a su teléfono.
QUIÉN DISPARÓ. El fiscal Carlos Fiorilo informó ayer que el jefe de planeamiento del comando departamental de la Policía, Víctor Saravia, aseguró que antes de enviar a los efectivos a desbloquear la carretera Caranavi-La Paz, constató que ningún uniformado porte armas de fuego.
"Ha ratificado lo que ha dicho el ex jefe de los polivalentes y el comandante de la Policía, Óscar Nina, sobre la prohibición del uso de armas de fuego en el operativo, para lo cual junto al coronel Ciro Farfán supervisaron, no sólo al entrar sino también en el lugar de los hechos que ningún efectivo traslade armas de fuego", explicó a los periodistas.
Sin embargo el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, y la Asamblea de Derechos Humanos hallaron indicios de culpabilidad en el accionar de la Policía y el Gobierno en la muerte de las dos personas en Caranavi. (RM-agencias)
Antecedentes
Empezó con un bloqueo.
Los pobladores de Caranavi bloquearon durante 12 días exigiendo una planta procesadora de cítricos en la zona y no en Alto Beni, prometida por el Gobierno. La intervención se realizó el 7 de mayo.
Dos muertos en el conflicto.
Los fallecidos fueron Fidel Mario Hernany Jiménez, un joven estudiante de 19 años, quien agonizó dos días con muerte cerebral tras ser impactado por un proyectil. La segunda víctima fue David Callisaya, estudiante de secundaria quien recibió varios disparos.
Informes polémicos.
El informe del?Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señala que ambas muertes fueron producto del disparo de armas de fuego y que, además, la Policía cometió abusos esos días. El Gobierno los señaló como “parcializados e incompletos”.
Mientras que el informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos confirma que hubo violaciones a los DDHH.
punto de vista
Luis Alberto Áñez
Cívico provincial de Santa Cruz
‘Es hora que dejen de matar’
Desde Santa Cruz quiero darle un mensaje al Gobierno de Evo Morales: que de una vez funden su propio ministerio antimuertos para que paren con las muertes en el país porque ya pasan de cien y la violencia continúa.
Es el colmo el cinismo de Sacha Llorentty que aparece hasta justificando las muertes en la localidad de Caranavi y después interviniendo las oficinas de Derechos Humanos y amenazando al Defensor del Pueblo, todo porque emiten informes contrarios a los del Gobierno y los culpan directamente sobre la muerte de los dos colonizadores durante el desbloqueo.
Esa acción del Gobierno de atropellar a los que no piensan igual es como la de esa ministra de la sinvergüenzura que quiere meter preso al gobernador Rubén Costas por la compra de unas camionetas y que no hace nada cuando una diputada le dice que hubo un sobreprecio de 14 millones de dólares en la compra del avión presidencial. Son muchas incoherencias.
LA FRASE
“Mi único delito ha sido querellarme contra Sacha Llorentty y el Cnl. Óscar Nina”
Abogado Jorge Quiroz
El Dia
