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Bolivia: El saneamiento de tierra se frena en Gobierno del MAS

Bolivia: El saneamiento de tierra se frena en Gobierno del MAS

Santa Cruz, 28 de mar. Hace cuatro años cuando asumió el Gobierno de Evo Morales la superficie sin sanear en el país era de 53%, más de cuatro años después el porcentaje es casi el mismo (52,1%), revela un informe que contrasta con el exitismo gubernamental.

Diversas autoridades gubernamentales se jactan que en cuatro años sanearon el triple que en el período previo (1996-2005) de vigencia de la Reforma Agraria. Según las cifras de la administración masista, entre 2006 y 2009 el saneamiento alcanzó las 28,4 millones de hectáreas, contra 9,3 millones de los gobiernos anteriores.

Sí, pero No, parece decir la Fundación Tierra en su “Informe 2009, Reconfigurando Territorios”. “El saneamiento de la mayor parte de esos 28,4 millones de hectáreas saneadas en los últimos cuatro años fue iniciado en años anteriores a 2006, dentro de un proceso por lo demás lento”, dice el documento que detalla que el conteo del MAS incluye 7 millones de tierras fiscales identificadas en períodos previos
Para confirmar su tesis, la Fundación Tierra dice que hoy la superficie en proceso de saneamiento es de 12,5%, menos de la mitad de los 28,1% que había en el 2005. Esta ONG concluye entonces que este período el estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria se dedicó a trabajos de gabinete para terminar procesos que por una u otra razón estaban demorados, cuando asumió el MAS.

En todo el país hay 37 millones de hectáreas saneadas, equivalentes a un 35,3%; en proceso existen 13 millones de hectáreas, lo que representa un 12% adicional.

El director del INRA justificó en declaraciones a Erbol que “no se puede dejar de lado los procesos que se han iniciado, no importa el año, tiene la obligación de concluir. Estamos también titulando predios que hemos iniciado hace 12 años en ese período de gobierno, este es el caso específico de los valles cruceños”.

Cristian Sattori, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) coincide con los datos y ejemplifica que un 98% de los productores en el Beni no tiene título ejecutorial y la mayoría ni siquiera inició el proceso de saneamiento.

El dirigente cuestiona el constante cambio en las reglas del saneamiento porque primero les exigieron la Función Económica Social (FES) , luego el tema del latifundio y por último el argumento servidumbral-laboral que “va estrangulando más al productor” y provoca que no tenga “incentivos para someterse al proceso de saneamiento”.

En ese sentido cuestiona que la norma actual fija cada dos años la verificación de la FES en predios ya saneados. A un productor que sacó su título hace dos años, que sufrió la muerte de parte de su ganado por las lluvias del 2007 y 2008, seguramente que si hoy va el INRA dirá que no cumple la FES porque no tiene el hato que poseía antes y está sujeto a que le reviertan sus tierras, agrega Sattori a modo de ejemplo.

Los números

600.000
Unidades agrícolas • existen en todo el país, de las que un 87% son pequeños productores. La población involucrada es de 2,7 millones, dice la Fundación Tierra.

8
millones de hectáreas • tienen potencial de uso agrícola en el país, de las que se utilizan 2,2 millones, agrega el informe de esta ONG.

Plantean la redistribución

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) plantea la necesidad de rediscutir el sistema de propiedad de la tierra, según establece el proyecto de ley elaborado por el sector.
“Plantea la necesidad de rediscutir el sistema de propiedad colectiva o comunitaria vigente para el caso de la realidad de las tierras altas bajo una nueva figura preliminarmente denominada Tierras Comunitarias Campesinas (TCC) que básicamente procura otorgar títulos individuales a familias pertenecientes a una comunidad indígena para la protección de sus intereses", señala el "Informe 2009 Reconfigurando territorios" publicado por la Fundación Tierra.
De acuerdo al informe de la Fundación Tierra, “este planteamiento más los avances de la CPE son los elementos más relevantes para superar la dicotomía de carácter excluyente entre derechos individuales y colectivos vigente en nuestra legislación desde 1996” / ERBOL

los detalles

El valor de la tierra • En el Norte Integrado de Santa Cruz, una hectárea de tierra desmontada vale entre 500 y 2.000 dólares, su costo varía por su cercanía a carreteras, acceso al agua y ritmo de cosechas. En Pailón. zonas de tierras bajas, el precio está entre $us 350 y 550. En Charagua, región del Chaco que se caracteriza por su aridez y sequía, una hectárea para ganado puede estar entre $us 10 y 50, revela la Fundación Tierra.
Concentrado en el Oriente • Casi 20 de los 28 millones de hectáreas que el gobierno del MAS saneó están en Santa Cruz, Beni y Pando. El INRA no tiene presupuesto para sanear en el occidente o los valles. En el altiplano el proceso cuesta 9 dólares por hectárea, precio inaccesible por los niveles de pobreza, en las tierras altas. Esta ONG dice que no se aumentó el presupuesto del INRA pese a mayores ingresos del Estado entre 2006 y 2009.

punto de vista

LUIS FERNANDO AZTURIZAGA M.
Abog. especialista en Derecho Agrario

‘Trece años de Reforma Agraria’

Cada vez que tenemos la oportunidad de leer artículos, textos o investigaciones a cargo de los miembros de la Fundación Tierra (FT), encontramos como las ONGs (organizaciones no gubernamentales), han pasado a ser OPGs (organizaciones pro gubernamentales).
No podemos llegar a otra conclusión después de haber dado una lectura a los avances, dificultades y perspectivas, que de acuerdo a la FT se han dado en estos trece años de vigencia de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria No. 1715, modificada por la Ley de Reconducción Agraria No. 3545 y sus respectivos reglamentos.
El intento de crítica, no es mas que una tibia forma de alabar desde las normas vigentes desde el año 2006, pasando por la Constitución Política del Estado y culminando en el “ágil” trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Por supuesto que se olvida que la nueva Carta Magna convierte al pequeño agricultor del oriente en un simple tenedor de la tierra, cuyo bien más preciado no le permite el acceso al crédito y le obliga a pedir permiso a un juez de familia si quiere vender su tierra y si lo hace se convierte en un delincuente de estelionato.
También se omite decir que la nueva norma suprema, junto a la Ley 3545, ha suprimido el derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como en el Pacto de San José de Costa Rica, en lo que se refiere al acceso a la propiedad individual sobre la tierra.
No sólo los bolivianos “cara pálida” han quedado negados o “ninguneados” en su derecho humano a la propiedad individual, sino los propios campesinos indígenas originarios, a quiénes se les obliga a acceder a la tierra sólo de manera colectiva, aunque exclusiva para ellos, conforme manda la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006.
Que con las actuales normas agrarias (Constitución, leyes y reglamentos), además se la haya negado el acceso al crédito a productores medianos y grandes en todo el país, es también un elemento casi ridículo, que no merece mayor comentario de parte de los analistas de la FT.
Lo importante es seguir en el ya desgastado discurso de seguir criticando todo lo anterior, con términos como falta de “voluntad política” o “complacencia” con situaciones irregulares, cuando resulta muy cómodo olvidar las varias manifestaciones “sociales” promovidas por ex miembros de ONGs, que inmediatamente se convirtieron en ministros o viceministros, cuyo único objetivo parece ser la destrucción del aparato productivo asentado en el oriente del país y que debiera considerarse patrimonio nacional. Se olvida mencionar que parte de estas manifestaciones a pesar de tener “para la foto” el afiche de una legítima demanda por tierra, medio ambiente y recursos naturales, la misma se tergiversa con acciones como la reducción drástica de la Reserva Forestal “El Choré”, el año 2000, pero claro como esta reducción era para beneficiar al Movimiento Sin Tierra y a sindicatos campesinos nuevos, ahí no importa el daño ambiental al departamento de Santa Cruz; el causar daño es un patrimonio exclusivo de los medianos y grandes productores “cambas”, causantes de todos los males en el país.
Como siempre, no podía dejar de faltar en los análisis de la FT la irrespetuosa mención al “monocultivo” de la soya, que brinda alimento, trabajo y que tiene una importancia relevante en otros sectores productivos, como el avícola por ejemplo, sin mencionar el aceitero.

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